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Actualización en el juicio de taxistas implicados en el caso Watson

 Las pruebas de la defensa de los siete taxistas implicados en el homicidio del agente de la DEA pretenden la judicialización ante la justicia colombiana y no la norteamericana, argumentando que lo ocurrido fue en territorio nacional. Sin embargo la Suprema Corte decidió denegar dichos argumentos.

     Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, aunque el delito sucedió en el país, no sé puede negar la condición del agente Watson, como persona protegida internacionalmente,  bajo amparo diplomático, lo que otorga derecho a la justicia norteamericana.

      Por su parte el abogado defensor, Miguel Ramírez indicó que sería algo grave que la Corte avale estas extradiciones. “Si alguien va conduciendo su vehículo, atropella y mata a un agente protegido internacionalmente también estaría supuesto a ser extraditado”, comentó.

      La Procuraduría y los abogados tienen cinco días para continuar con sus argumentos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar las próximas solicitudes mientras se termina el tiempo para tomar la decisión final de si el proceso de extradición se ajusta a la ley o no.

     Si fuera el caso, Gerardo Figueroa Sepúlveda, Omar Fabián Valdés Gualtero, Édgar Javier Bello Murillo, Héctor Leonardo López, Julio Estiven Gracia Ramírez y Andrés Álvaro Oviedo García, tendrían que responder por homicidio en segundo grado, secuestro y conspirar para secuestrar, ante una Corte en Virginia. Wilson Daniel Peralta Bocachica, es acusado de destruir evidencia asociada al proceso.

     Fue el mismo fiscal general quién solicitó formalmente que se haga efectiva la extradición de los implicados a los Estados Unidos. Noticia que tomó por sorpresa, ya que no es común que un fiscal se involucre en este tipo de trámites.

“Tuvimos en cuenta el artículo 35 de la Constitución Colombiana que sólo prohíbe la extradición de nacionales en dos casos, cuando se trata de delitos políticos y cuando se trata de delitos cometidos antes de la vigencia del acto legislativo que restableció la extradición en Colombia”, dijo Montealegre.

      El fiscal, también postuló que la muerte de un agente de la DEA pone en riesgo la continuidad del programa de colaboración mutua entre Estados Unidos y Colombia.

      Habrá que esperar el fallo y tomar en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos cuenta con la facultad de conceder o no dicha extradición.