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Incoherencias en la política mexicana de extradición de narcotraficantes

     La fuga de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, quien es el narcotraficante más reconocido en todo el mundo, ha puesto de manifiesto las incoherencias de México con respecto a política de extradición.

     La captura de Guzmán se produjo en febrero de 2014, y desde ese momento comenzaron las disputas entre los funcionarios de Estados Unidos y México.

     El 25 de junio, el gobierno estadounidense entregó la solicitud de extradición, la cual fue informada por Arely Gómez, Procuradora General de la República, a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; pero el gobierno mexicano no dio muestras de querer extraditar al “Chapo” para que se haga cargo de las acusaciones en Estados Unidos.

     De hecho, Jesús Murillo Karam, quien fuera procurador general de México en ese momento, manifestó que “’El Chapo’ debe quedarse aquí a cumplir su condena y después lo extradito (…) en unos 300 o 400 años, falta mucho”.

Antecedentes de procesos de extradición similares

     Algunos narcotraficantes ya han sido extraditados, como el hermano y el hijo de Ismael Zambada, socio de El Chapo y líder también del Cártel de Sinaloa, mientras que El Chapo tuvo un tratamiento distinto al no haberse aprobado su envío a Estados Unidos.

     El líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, también fue extraditado, pero Jorge Eduardo Costilla Sánchez hace tres años que está en una cárcel de México.

     Estas incoherencias ponen de relieve una actitud deficiente de México con respecto a su política de extradición de narcotraficantes requeridos por Estados Unidos para que se hagan cargo ante ese país de los delitos cometidos.

Conflicto diplomático entre EEUU y México referente al tratado de extradición

     David Gagne, de la fundación InSight Crime, señala el momento en que comenzó la pugna por extradición entre Estados Unidos y México: ocurrió cuando miembros del Cártel de Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena, un agente secreto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, a quien torturaron y asesinaron.

     Por este hecho, Estados Unidos acusó a 22 personas pero nunca fueron extraditadas. Entonces Estados Unidos, por cuenta propia, comenzó a llevar a cabo lo que se denomina “entregas extraordinarias”, como la que ocurrió en el año 1.990 cuando Humberto Álvarez Machaín fue atrapado en México por personal del país del norte y enviado directamente a Estados Unidos, hecho que viola abiertamente el tratado de extradición existente entre ambos países.

     México envió tres notas diplomáticas referidas al caso, y Álvarez Machaín obtuvo argumentos válidos para tratar de invalidar su captura efectuada unilateralmente y fuera de las condiciones pactadas por los países firmantes del tratado en cuestión.

     Así fue como cesaron las extradiciones desde México y fue modificado el tratado de extradición, agregando una cláusula adicional en la que se prohibían los secuestros transfronterizos.

     Actualmente se ha desplegado una acción masiva con la finalidad de atrapar al Chapo. Quizás éste objetivo se logre, pero lo difícil de conseguir será la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y México con respecto al tratado de extradición, proceso que puede ser mucho más largo y complicado considerando todas las irregularidades cometidas hasta ahora.