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Limitaciones para extraditar colombianos

Se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de Ley  con nuevas condiciones a cumplir para extraditar  colombianos.

Una de las cláusulas sobresalientes está referida a la limitación de aplicación de la ley. Se excluyen expresamente de la posibilidad de extradición a aquellas personas que sean miembros de la insurgencia, o que hayan cometido delitos políticos o relacionados con ellos, o por pertenecer a la organización fuera de la ley.

Tampoco podrán ser extraditadas quienes hayan recibido indulto o amnistía por los delitos que hayan cometido o hayan recibido penas alternativas dispuestas por la justicia transicional.

Establece además que los colombianos nativos que hayan cometido delitos con anterioridad al 16 de Diciembre de 1997 tampoco podrán ser extraditados.

La Corte Suprema de Justicia deberá fundamentar debidamente la extradición evaluando las siguientes pautas:

  • Verificar la validez formal de la documentación que se haya presentado.
  • Demostrar plenamente la identidad de la persona involucrada.
  • Considerar el principio de la doble incriminación según la providencia atribuida en el exterior.
  • Si la situación lo amerita, deberá cumplimentar las disposiciones de los tratados públicos existentes.

La Corte deberá también evaluar las pruebas que haya aportado el Estado solicitante de la extradición, y en caso de duda razonable con respecto al cumplimiento de las garantías judiciales, podrá negarse a continuar el proceso.

La petición de extradición deberá formalizarse dentro de los 30 días de la captura del imputado. En caso contrario, el Fiscal General de la Nación deberá ponerlo en libertad incondicional.

También se agregaría un apartado para que una vez efectuada la extradición a colombianos y se haya concretado la entrega de la persona, el Estado Nacional pueda ir comprobando paso a paso la situación jurídica y condiciones de reclusión del extraditado.

En la Exposición de Motivos se manifiesta que la necesidad de modificar este mecanismo se lleva a cabo con la finalidad de garantizar los principios, fuentes y tratados internacionales, asegurando la reciprocidad, la soberanía nacional, evitando la extradición por motivos políticos y asegurando el derecho de refugio.

De las solicitudes de extradición elevadas durante los dos períodos de Juan Manuel Santos, fueron aprobadas y llevadas a cabo el 98,77 % de los casos solicitados. Y durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez  solamente se rechazaron el 3,28% de las solicitudes presentadas, siendo aprobados el 96,71%. De todas estas extradiciones efectuadas, el 90,4% corresponden a peticiones de EE. UU.

Conclusiones

Si el Estado Nacional no procede con mayor rigurosidad en lo concerniente a los argumentos y condenas de nuestros compatriotas en los tribunales extranjeros, no podremos garantizar que no se cometan errores judiciales como algunos de los que se han cometido hasta ahora.

Concretamente nos estamos refiriendo  al caso de los señores Consuegra, padre e hijo, dedicados a la venta de plátano del Atlántico o el caso de Ariel Josué Martínez, carpintero de San Vicente de Caguán.

Necesitamos garantizar que no se cometan injusticias. Para ello es necesaria una intervención más rigurosa del Estado Colombiano en este tema.

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